Expansión del Canal de Panamá contempla una inversión de hasta US$ 8.500 millones

El 14 de diciembre de 1999 se produjo una imagen icónica: los más destacados dirigentes iberoamericanos, con el Rey Juan Carlos I, en primera fila junto a la entonces presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, y el exPresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, observaron desde una de las locomotoras que guían a los buques por las esclusas de Miraflores en la salida del canal de Panamá, el tránsito de un barco lleno de niños que simbolizaba el traspaso a manos panameñas de una infraestructura crítica para la economía mundial tras 85 años de control absoluto estadounidense.

Algo más de un cuarto de siglo después, casi tanto como duró la transición entre la administración norteamericana y el inicio de la gestión del canal en solitario por parte de Panamá, sus gestores han diseñado un ambicioso plan de crecimiento para lo que llaman su "mayoría de edad".

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Tratando de hacer caso omiso de los reiterados intentos de injerencia del presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, el canal de Panamá quiere convertirse en un hub que consolide su papel como facilitador del transporte de gas norteamericano, al tiempo que aumenta el volumen de mercancías de pequeño tamaño que lo recorren y fortalezca su posición en el mercado portuario global.

Se trata en la práctica de una segunda gran ampliación. La terminada en 2016, en la que la española Sacyr lideró el consorcio internacional adjudicatario, fue construir un tercer juego de esclusas que pudieran trasladar a los buques de mayor capacidad de carga (que pueden transportar más de 12.000 contenedores). Los sobrecostos de la obra acabaron en un arbitraje internacional que fue desfavorable para Sacyr y sus socios, salvo en la parte laboral.

Ahora el objetivo es derivar parte de las mercancías que más han crecido en los últimos años (sobre todo, productos energéticos) para liberar slots para barcos a los que no se les puede ofrecer otro paso alternativo.

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Lo explicó Ricaurte Vásques, presidente de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en el marco del Foro de Economía Eurolatino celebrado en Ciudad de Panamá y organizado por EditoRed. El gran desafío de la infraestructura que atraviesa el país conectando el océano Pacífico con el mar Caribe y por la que pasa 5% del comercio marítimo mundial es mantener el servicio de forma ininterrumpida durante todo el año, así como la neutralidad en sus operaciones sin beneficiar ni perjudicar a buques de ninguna nacionalidad.

Son las dos condiciones suspensivas establecidas por Estados Unidos en el acuerdo de 1973 para la cesión de la propiedad y la gestión del canal a las autoridades panameñas. Esta suerte de espada de Damocles llevó al país a blindar la gestión independiente del canal en su propia Constitución: se trata de una institución autónoma del Estado panameño dirigida por una junta independiente designada por el Parlamento con mandatos de nueve años. Sus gestores no responden al gobierno de turno, disponen de presupuesto propio que no puede ser modificado ni por el Gobierno, sólo puede ser aprobado o rechazado anualmente, y sus 8.500 trabajadores son los únicos del país que no tienen derecho a huelga.

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