Perú declara emergencia en Lima en ofensiva contra el crimen tras paro de transportistas

El gobierno de Perú declaró el jueves un estado de emergencia por 60 días en varios distritos de Lima para luchar contra el aumento del crimen, dijo el primer ministro del país, mientras los conductores de buses pararon sus servicios para exigir mayor seguridad tras una ola de extorsiones y ataques al sector.

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, anunció en una conferencia de prensa el estado de emergencia en 12 distritos de Lima Metropolitana y en la vecina provincia del Callao, medida que faculta a las fuerzas armadas a salir a las calles para ayudar a la policía a mantener la seguridad en la ciudad.

"La extorsión si bien se aprecia mas visiblemente a raíz del reciente problema con los transportistas, hoy día tenemos a diferentes pequeños comerciantes y emprendedores que están siendo víctimas también de este delito", manifestó.

En la misma conferencia el ministro de Defensa, el militar retirado Walter Astudillo, dijo que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para calificar como "terrorismo urbano" el sicariato, secuestro, extorsión y la posesión ilegal de armas de fuego, para endurecer las penas por estos delitos.

El ministro agregó que se elevará la capacidad de un temido penal ubicado a 4.600 metros sobre el nivel de mar para los sentenciados por terrorismourbano; y que el Gobierno evaluará si es posible ampliar la emergencia a otras zonas del país.

La protesta de los transportistas dejó varadas a miles de personas en los paraderos de buses de transporte en varios puntos de la ciudad; y el Gobierno suspendió las clases escolares presenciales en Lima Metropolitana y exhortó a las empresas a priorizar el trabajo remoto y a dar tolerancia de hasta cuatro horas para el ingreso de sus empleados.

"Estamos parando por la inseguridad y también por la falta de empatía del Gobierno por esta ola de extorsiones que estamos sufriendo", dijo a periodistas Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, uno de los gremios en protesta y que reúne a 63 empresas del rubro.

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Equipo especial

La medida de excepción del Gobierno peruano se produce en medio de presiones de la oposición y sociedad civil de medidas para frenar el aumento del crimen, que se ha convertido en la mayor preocupación de los peruanos, según encuestas de opinión.

Un conductor de un bus fue asesinado el domingo por negarse a pagar un "cupo" a una banda de extorsionadores en Lima, en un ataque en la que un pasajero resultó herido, según la policía, elevando a cuatro los conductores muertos desde fines de agosto.

La oficina estatal de estadística de Perú (INEI) dijo en un reporte difundido en agosto que un 27,7% de la población urbana de 15 y más años fue víctima de un hecho delictivo entre enero y junio de este año, un 0,6% más frente a igual periodo del 2023.

Asimismo, el 86,1% de la población urbana percibe que en los próximos doce meses puede ser víctima de algún hecho delictivo, un aumento de 3,5% frente a la percepción durante el primer semestre del año pasado, detalló el reporte.

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte anunció esta semana la creación de una unidad especial de investigación de la policía para enfrentar la "ola" de extorsiones a las empresas de transporte y dijo que habilitará un número telefónico para que los afectados realicen denuncias de "manera reservada".

"Esta horrible todo esto", dijo Sheyla Sánchez, una joven que estaba esperando un bus para dirigirse a su trabajo.

"Es la única manera para exigirle al Estado peruano para que ya ponga límites a todo esto (...) cada día empeora más y aumenta la inseguridad", agregó resignada por la protesta.

Durante el 2023, la policía detuvo a 289 personas por el delito de extorsiones en todo el país, un aumento del 165% comparado con el 2022, según datos del Ministerio de Interior.

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