Opinión FT: América Latina necesita más confianza cívica para impulsar crecimiento económico

Por Eric Parrado
Economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo.

La región de América Latina y el Caribe se encuentra en un momento crítico, impulsado por la inflación, el impacto de la invasión rusa de Ucrania y las consecuencias de la pandemia.

Sin reformas, la región podría volver a la mediocre tasa de crecimiento anterior a la pandemia de alrededor del 2,5%, con mayor pobreza, desigualdad y polarización política. Sin embargo, los críticos que culpan a los gobiernos por políticas que exacerban las desigualdades y frenan la inversión han pasado por alto una consideración vital: la falta de confianza entre los ciudadanos de la región. Los gobiernos que se enfoquen en generar confianza pueden mejorar las probabilidades de reformas exitosas.

Con pocas excepciones, la confianza está cayendo en todas partes. En todo el mundo, entre 1985 y 2020, el porcentaje de personas que creen que se puede confiar en la mayoría de las personas cayó del 38% al 26%, según la Encuesta Integrada de Valores. Nuestra investigación indica que la situación es considerablemente peor en América Latina y el Caribe. Sólo uno de cada 10 individuos en esta región confía en sus conciudadanos. Menos de uno de cada tres confía en su gobierno.

Cuando yo era jefe de la agencia reguladora bancaria de Chile, experimenté lo difícil que es generar confianza y lo rápido que se puede perder. En 2015, el organismo a cargo de competencia descubrió un escándalo de fijación de precios entre dos de las fábricas de papel más grandes del país. Hice sonar la alarma de que era necesario actuar para restaurar la confianza y detener un posible contagio a un banco que tenía los mismos accionistas que una de las empresas coludidas.

Aislamos nuestro sistema bancario de cualquier repercusión negativa, pero este escándalo, entre otros, alimentó la ira y la frustración que muchos ciudadanos sentían hacia los privilegiados y poderosos. Fue uno de varios desencadenantes de las protestas que sacudirían a Chile más tarde.

Los efectos de la desconfianza son generalizados. La reticencia a pagar impuestos significa que la recaudación de impuestos de la región es inferior a la de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por aproximadamente 13 puntos porcentuales del producto interior bruto (PIB). La economía informal —que no es gravada ni supervisada por ninguna forma de gobierno— es más grande en casi 20 puntos porcentuales del PIB. Los individuos y las empresas no confían en que otros paguen sus impuestos, privando a los gobiernos de los fondos que tanto necesitan.

La informalidad es mayor cuando las empresas y los trabajadores no creen que los demás cumplan con las normas gubernamentales. En consecuencia, casi el 60% de los trabajadores de la región trabajan en empresas informales, que son menos productivas y ofrecen menos beneficios a los empleados. Nuestras encuestas revelan que muchos propietarios de empresas no confían en los demás. Prefieren contratar a miembros de la familia y tienen dificultades para hacer crecer sus negocios.

La desconfianza distorsiona lo que los ciudadanos quieren del gobierno. La mayoría cree que no se puede confiar en que los funcionarios públicos inviertan de manera eficiente en el interés público. Los escándalos de corrupción profundizan el escepticismo. La gente prefiere programas que proporcionen dinero en mano ahora, como transferencias de efectivo y subsidios. Como resultado, los gobiernos enfrentan muchos obstáculos para implementar políticas a más largo plazo que puedan impulsar el crecimiento, como reformas de pensiones, laborales y fiscales, apoyo a la investigación y el desarrollo apertura al comercio y el gasto en infraestructura.

¿Qué se puede hacer? Los gobiernos pueden asegurar que los ciudadanos estén mejor informados. Pueden facilitar el acceso a sus decisiones sobre impuestos y gastos, y sobre quién paga impuestos. Pueden ser más transparentes sobre cómo regulan y cómo la regulación afecta el bienestar de los ciudadanos. También pueden empoderar a las personas mediante el fortalecimiento de instituciones públicas como los tribunales, la policía y la agencia antimonopolio.

Por ejemplo, la transparencia presupuestaria —que es mínima en muchos Estados de América Latina y el Caribe— puede informar a los ciudadanos sobre cómo se utilizan los impuestos duramente ganados. De manera alentadora, Argentina, Colombia, Barbados y otros nueve países de la región han establecido o están estableciendo plataformas electrónicas para ayudar a los ciudadanos a monitorear proyectos de infraestructura. Esto sirve para mejorar la eficiencia del gasto.

Los gobiernos deben disipar las ideas erróneas que proliferan en un vacío de información y llenarlo con hechos veraces y verificables. La ciudad de Buenos Aires publicó decenas de objetivos en su sitio web, desde instalar cámaras de seguridad en las calles hasta mejorar la infraestructura para personas con discapacidad y ayudarlos a seguir el progreso. Programas como éste pueden fomentar la confianza en el gobierno.

La solución al bajo crecimiento, la desigualdad y el debilitamiento del apoyo a la democracia es hacer de la confianza un objetivo explícito de la política pública. La recompensa potencial es un mayor apoyo público a las reformas. Se trata de algo más que sacar a las personas de la economía informal y conectarlas con la economía global. Se trata de darle a la región la oportunidad de desatar el espíritu emprendedor de su gente, para encaminarla hacia una mayor productividad y un crecimiento inclusivo.