Conflictos mineros amenazan con atascar inversiones por US$ 53.000 millones en Perú
Hace una década, las protestas eran para detener la construcción de proyectos, hoy son para frenar operaciones. "Ahora hay protestas que frenan minas en plena operación", dijo Tamayo. "Sin ningún proyecto de clase mundial en el horizonte, las perspectivas para sostener la producción no son buenas", dijo un analista.
Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre, está en riesgo de perder millonarias inversiones mineras si no resuelve las protestas que afectan a la producción en medio de altos precios de la materias primas, según analistas y ejecutivos.
El país andino ha visto surgir conflictos sociales desde que el presidente izquierdista Pedro Castillo asumió en julio del 2021, con una serie de protestas contra las minas, incluyendo una que ha detenido la producción del gran yacimiento Las Bambas, que abastece el 2% del cobre a nivel global.
Los proyectos mineros en Perú suman al menos US$ 53.000 millones, casi un 70% de los cuales son para extraer cobre.
Las dos últimas grandes inversiones fueron en Quellaveco de Anglo American y Justa de Minsur, por unos US$ 6.600 millones, y cuyas operaciones en marcha este año permitirán al país registrar una producción de 3 millones de toneladas de cobre el 2025, según expertos.
La producción peruana del metal creció un 7% el año pasado a 2,3 millones de toneladas, pero aún está por debajo del pico de 2,5 millones de toneladas que alcanzó en 2019.
"Sin ningún proyecto de clase mundial en el horizonte, las perspectivas para sostener la producción no son buenas", afirmó a Reuters Gonzalo Tamayo, analista de la consultora Macroconsult y exministro de Energía y Minas de Perú.
Ejecutivos mineros y analistas se reunieron la semana pasada en Lima con advertencias sobre la inversión debido al clima de protestas. El banco central proyectó en un reciente reporte que la inversión minera caería este año un 0,8% y hasta un 15% en el 2023 tras la ejecución de inversiones ya comprometidas.
Pero grandes proyectos como Tía María, Michiquillay y Los Chancas por US$ 6.700 millones a cargo de Southern Copper; Trapiche de Buenaventura de US$ 973 millones y La Granja de Rio Tinto por US$ 5.000 millones aún no tienen futuro definido, según los mineros.
Presión por demanda
En el foro minero, importantes ejecutivos resaltaron la necesidad de aprovechar el aumento de la demanda global de cobre que se avecina, frente al desarrollo de la "tecnología verde" que se aprecia en la industria y los mercados internacionales.
"Esto pone a Perú frente a una gran oportunidad", dijo durante el foro en una teleconferencia el jefe global de inversión temática y sectorial de BlackRock, Evy Hambro.
Según un informe de la consultora RBC Capital Markets presentado en la cita minera, el 12% de los potenciales proyectos de cobre a nivel global están en Perú, en segundo lugar detrás de Chile, el mayor productor mundial de metal rojo.
Casi todos los proyectos peruanos están en zonas andinas históricamente pobres, que votaron en su mayoría por Castillo y que reclaman con protestas mayores beneficios de la minas.
Las Bambas de la china MMG paró sus faenas en abril tras una invasión de comunidades aledañas. La mina Cuajone de Southern Copper, luego de dos meses de parálisis, reinicio su operación tras un acuerdo con residentes vecinos.
El vicepresidente del área comercial y de finanzas de Las Bambas, Álvaro Ossio, afirmó que el desafío del país es atraer capitales porque el "gran reto que nos queda a todos los peruanos es aprovechar esta gran oportunidad".
Pero no todo es pesimismo. La minera de oro más grande del mundo, Newmont Mining, anunció en Lima que considera expandirse a la producción de cobre en Perú junto al oro. Su presidente ejecutivo Tom Palmer dijo que "existe la oportunidad de regresar algún día" al proyecto Conga, cancelado en 2011 debido a la oposición de comunidades cercanas.
Conga aguarda inversiones por US$ 4.800 millones.
Sin embargo, el analista Tamayo subrayó que el tipo y perfil de los conflictos en Perú ha cambiado porque en años anteriores se desataban las protestas para no iniciar un proyecto.
"Ahora hay protestas que frenan minas en plena operación", dijo Tamayo. "Los mineros sienten que el Estado no lo apoya y que el Estado ha dejado de ser el árbitro en los conflictos".
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