Presidente de Perú decreta emergencia por 30 días en Lima para frenar la delincuencia
A casi dos semanas de su ascenso como mandatario interino, José Jerí anunció la medida en Lima y una provincia de Callao.
El Presidente interino de Perú, José Jerí, decretó este martes estado de emergencia a partir de la medianoche en la capital del país y la vecina provincia del Callao por 30 días, en busca de frenar el aumento de la delincuencia tras una protesta que dejó un muerto y más de 100 heridos la semana pasada.
Jerí dijo que el estado de emergencia, que faculta a las fuerzas armadas a salir a las calles para mantener la seguridad junto con la policía, fue aprobado en consejo de ministros.
"Y presenta un nuevo enfoque: pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen, una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y confianza de millones de peruanos", dijo en un breve mensaje a la nación.
"Las guerras serán con acciones, no con palabras", afirmó sin ofrecer más detalles sobre la medida, que restringe las libertades y garantías constitucionales de los ciudadanos para que las fuerzas de seguridad tengan más autonomía de acción.
Poco después del mensaje presidencial, se publicó la medida en el diario oficial y precisa que habrá "patrullaje de las fuerzas combinadas en zonas críticas" como el paraderos de buses, estaciones del metro, instituciones asociadas a servicios públicos y activos estratégicos, entre otros.
No es la primera vez que un Gobierno en Perú declara el estado de emergencia, el cual según analistas y expertos en seguridad no ha sido suficiente para reducir la delincuencia, que se ha convertido el principal problema del país. La última emergencia fue decretada en mazo también por 30 días.
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Jerí enfrentó el miércoles pasado la primera fuerte protesta contra su Gobierno, días después de que asumiera al cargo tras la destitución de la mandataria Dina Boluarte que fue acusada en el Congreso de "incapacidad moral" para gobernar.
La reciente protesta fue convocada por grupos civiles y jóvenes de la llamada Generación Z, demandando medidas contra el aumento del crimen, cierre del Congreso, renuncia del nuevo mandatario y hasta la convocatoria para una asamblea constituyente.
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