Argentina sin oferta de alquileres: el fracaso de la ley que perjudica a propietarios y a inquilinos
Tres años cumple la norma que, cuestionada por sus efectos en el mercado inmobiliario por un aumento de precio del 105%, volvió a la Cámara de Diputados en pleno escenario de elecciones.
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En el presente mes de julio comienzan a vencer los primeros contratos realizados con la Ley de Alquileres que, desde 2020, está en el centro de la polémica en Argentina.
Con opiniones encontradas, hace tres años la normativa se presentó como una iniciativa que cambiaría el mercado de rentas inmobiliarias.
En resumen, el texto dice que el plazo de los contratos de arriendo de viviendas pasaron de dos a tres años. A ello se suma el ajuste al Índice de Contratos de Locación (ICL) que regula el Banco Central, que pasó de semestral –con la versión anterior– a anual, con la legislación actual.
Lo cierto es que los alquileres aumentaron en torno al 105% el último año para los locatarios que tienen contrato. La falta de oferta hizo que los precios se dispararan y aquellos arrendatarios que deben renovar el alquiler tienen alzas superiores.
Cuando salió la norma, se lanzó como un cambio paradigmático para los inquilinos, y aunque algunos en este sector siguen manteniendo esa postura, el arco político se alejó y en los últimos meses hasta trascendió que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa querían dejar sin efecto artículos de la norma.
Malestar para todos
Dos son los puntos que Marta Liotto, presidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, indicó que no permiten que la ley fluya en sintonía con lo que necesita la sociedad.
Uno es el contrato de tres años. En una economía que se va revirtiendo semana tras semana, “lo que genera es que en tres años no tienes previsibilidad de cómo se va a desarrollar el mercado”.
El segundo punto es la forma de actualización del precio, en especial en un contexto de inflación que ya está llegando al 120%. “Le estamos diciendo al propietario que su propiedad no vale nada”, señaló categóricamente.
En este punto, explicó que el inquilino tampoco se ve beneficiado, porque el contrato de tres años ha hecho que las opciones disponibles se redujeran. “Hubo muchos propietarios que retiraron el inmueble. Entonces, no hay oferta”, detalló.
Marta Liotto, presidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios.
Ante la pregunta sobre si temen una política de control de precios por parte del Gobierno, como ha ocurrido en sectores como el de los alimentos, Liotto respondió: “A esta situación llegamos porque el Estado empezó a intervenir en un la contratación entre dos privados que se llevaban bien, que no tenían inconveniente y que de la mano del inmobiliario encontraban la solución uno a su problema habitacional y el otro a obtener una renta mensual”.
A su juicio, “lejos de la realidad o de la solución, sería la intervención más intervención”.
En contraposición, existen organizaciones como la de Inquilinos Agrupados, quienes defienden la ley bajo el argumento de que esperan que con esta, en algún momento, se bajen los precios de los alquileres. En la descripción de su cuenta de Twitter se lee “El acceso a la vivienda debe ser una lucha colectiva. Logramos #LeyDeAlquileres, ahora a defenderla!”.
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¿Qué va a pasar con la ley?
Esta semana, los diputados de oposición presentaron una propuesta de tratamiento inmediato de la Ley de Alquileres, sin embargo no se llegó a quórum porque el oficialismo dijo que no era el momento. Ad portas a las elecciones de primarias presidenciales del 13 de agosto, la sesión quedó postergada para el día 23 del mismo mes.
Liotto reconoció estar expectante, pero a la vez dijo que “esperar al 23 de agosto nos genera un vacío”.
Hasta la fecha el poco inmueble que tenía para alquilar va a preferir esperar, “porque a lo mejor cambia la normativa”.
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