Comunidades de Las Bambas nuevamente quiebran el diálogo y piden la presencia del Presidente Castillo
Casi 40 minutos duró un nuevo intento del gobierno peruano y la minera Las Bambas por alcanzar acuerdos con las comunidades de Fuerabamba, Choaquere, Chila y Pumamarca.
Con una solicitud de restablecimiento de la paz social de parte del Gobierno de Perú del Presidente Pedro Castillo,se abrió nuevamente el diálogo este martes con las comunidades de Fuerabamba, Choaquere, Chila y Pumamarca, el cual fue quebrado por las comunidades ante la negativa a acabar con el estado de emergencia del Ejecutivo.
Este nuevo intento se dio luego de que el domingo llegara una comitiva a Apurímac para sostener esta nueva reunión durante la jornada del lunes, a la cual los dirigentes de las comunidades no asistieron porque consideraron que la invitación llegó tarde.
En la apertura del diálogo, el ministro de comercio Exterior, Roberto Sánchez, planteó que “necesitamos discutir el tema jurídico, el derecho legítimo de las comunidades y las nuevas circunstancias que, razonablemente, no son las mismas de hace 10 años, pero todo esto en base a la ley y el derecho de las comunidades de buscar su desarrollo”.
Desde la cancha sintética de la comunidad de Apurímac, el representante del Gobierno enfatizó que “desde hoy queremos programar el restablecimiento de la actividad económica y la instalación de las mesas de diálogo para responder a todas las demandas. Si en 15 días nos instalamos, no nos iremos porque la única manera de solucionar las diferencias es estando acá, pero necesitamos los compromisos de que todos vamos a respetar la paz social, sin medidas de fuerza ni confrontación”.
En un discurso de 10 minutos, Sánchez condicionó el diálogo -para el levantamiento del estado de emergencia- al restablecimiento de la actividad minera y, por ende, el fin de las protestas.
Por su parte, el Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabambas, señaló al ministro que “hemos solicitado el levantamiento del estado de emergencia y hemos estado esperando. Nuestra posición es clara y esperamos que nos comuniquen el levantamiento”.
Junto con esto, lamentó que pidieran la apertura al diálogo cuando “tenemos armas en las cabezas… Además, aquí no hay intereses nacionales, hay intereses personales porque el Gobernador de Apurímac está defendiendo sus propios intereses porque es el gobernador de Las Bambas”.
Otros representantes de las comunidades solicitaron la presencia de Pedro Castillo, ya que “no ha dado la cara… mientras no levanten el estado de emergencia no podemos conversar ni instalar las mesas, porque nosotros estamos acá respetuosamente pero tenemos las armas en nuestras cabezas y así no se puede conversar”.
En respuesta a esto, el ministro Sánchez reiteró que “si hay compromiso de que la paz social se mantendrá y podemos establecer el diálogo. Esto significa que nuestras diferencias vamos a tratarlas para solucionar los compromisos pendientes y las nuevas demandas con el correcto y adecuado funcionamiento. Significa no amenazarnos, no tener una pistola en la cabeza pero también que no vuelva a ocurrir el uso de la fuerza como cuando se tomó la mina”.
Ante esto, las comunidades se molestaron y en medio de gritos que insistían con el fin del estado de emergencia para iniciar una mesa de diálogo, tomaron sus cosas y se retiraron de la cancha de fútbol.
A la salida
Tras estos tensos momentos de diálogo, representantes de las comunidades comentaron al Observatorio de Conflictos Mineros que “estamos acá para desmentir lo que dijo el ministro que nos trató de secuestradores y ladrones. Además solo pedimos que se cumplan los acuerdos”.
Desde la semana pasada, en la primera mesa de diálogo, las comunidades están pidiendo la presencia del viceministro Aníbal Torres y el fin del estado de emergencia. “Nosotros estamos llanos de poder conversar porque sabemos que al Estado y a todos nuestros compañeros les interesa estar en paz, pero de parte del Gobierno solo hemos recibido acusaciones”.
Asimismo, lamentaron que el ministro quisiera solucionar problemas “secundarios”, cuando ellos son los primeros con quienes deben buscar acuerdos porque “fuimos nosotros quienes dejamos nuestras tierras para que se construyera Las Bambas”.
Al final de esta jornada las comunidades mostraron su descontento por el envío, por parte del Gobierno, de representantes “que no saben nada del tema y no nos darán solución”. Por eso lamentaron la nula presencia del viceministro Torres y del ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios.
Como consecuencia de esto, advirtieron que no seguirán aceptando diálogos con estas autoridades porque “no vienen a dar soluciones, van dos reuniones que hemos quedado en la nada y nos han vulnerado”.
Postura del Gobierno
Asimismo, tras el fin abrupto de la cita, el ministro Roberto Sánchez afirmó que "la medida (estado de emergencia) es legítima pero no tomada por el Gobierno, sino por un juez que autoriza a un privado a recuperar su bien. Eso puede ser legal, pero desde mi punto de vista, para mi, yo no estoy de acuerdo con eso porque conlleva al enfrentamiento y a todos los heridos que ha dejado en la comunidad. Son medidas de fuerza que yo, como persona, no puedo defender".
Bajo ese contexto, hizo un llamado a dialogar, porque "significa escucharse, no es tomar mis cosas y decir 'adiós, me voy'. Así no se hace comunidad", criticando de paso la reacción de los comuneros que decidieron romper el diálogo.
En ese mismo sentido, criticó el retraso de las comunidades para asistir a la mesa de diálogo, ya que estaban citados a las 10.00 horas y llegaron a las 12.00 horas. "Tenemos esa flexibilidad para empezar el diálogo y respetuosamente llamo a la evaluación, reflexión y que cada comunero tome su propia decisión y no que un asesor los represente".
Específicamente, respecto de la mínería, argumentó -como ciudadano- que "el Perú necesita un nuevo enfoque de su minería: limpia, sostenible, competitiva, que tena enfoques transparentes de cómo contrata a su personal y de todos los acuerdos con las comunidades. Cuando los actos en el proceso del desarrollo minero no han sido correctos, pueden ser objetadas". En esa línea añadió que "a la comunidad se le respeta.
"Aquí se necesita un estudio de línea de base de impacto ambiental para conocer el impacto que hoy la minería tiene en todos los susbsistemas ecológicos en este corredor, a fin de poder defender el derecho de las comunidades, pero no podemos por la fuerza tomar y destruir los bienes privados, para eso se dialoga", profundizó.
Finalmente, argumentó que entiende la preocupación de las comunidades, pero "como Gobierno tenemos que restablecer la paz social, la actividad económica en el distrito y eso es lo que estamos buscando".
El representante del Gobierno llamó a las comunidades a reflexionar y a dialogar porque "no queremos situaciones de fuerza, pero como Estado tenemos la obligación constitucional de que la paz social sea la pauta para desarrollar nuestras actividades".
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