Tigo, la firma de telecomunicaciones de EPM y Millicom, en el centro del debate impulsado por alcalde de Medellín

La sociedad matriz de Tigo, la firma de telecomunicaciones que disputa a Movistar el segundo lugar en importancia en Colombia, está en el centro de la atención después del debate que se armó en torno a su propiedad.

El mayor accionista de la firma es Empresas Públicas de Medellín, que tiene el 50% más una acción de la sociedad UNE EPM Telecomunicaciones. La firma estatal, uno de los mayores proveedores de servicios básicos en ese país, tiene una larga historia en la telefonía, desde 1891, pero ha sido en las últimas décadas cuando impulsaron una fórmula que permitió incorporar inversiones para transformarla en lo que es hoy.

Primero, en 2005 tomaron la decisión de escindir el negocio en UNE, y luego, en 2014 -en un mercado donde Claro y Movistar eran los principales actores-, Aníbal Gaviria, entonces alcalde de Medellín, decidió incorporar como socia a la luxemburguesa Millicom.

Tras este acuerdo, EPM absorbió el negocio de Millicom, aunque fue esta última la que mantuvo el control de decisión sobre la operación. Hoy la sociedad tiene tres filiales: Edatel, Colombia Móvil (Tigo) y Orbitel, que opera en Estados Unidos y otros países.

Aunque la decisión se tomó para focalizar la asignación de recursos, los resultados financieros de Tigo la tienen una y otra vez en un debate en torno a su rol público-privado.

Esto, porque el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha impulsado en cinco oportunidades que se vendan las acciones que EPM tiene en la sociedad, lo que -escribió en Twitter- permitiría “recuperar” unos US$ 650 millones. La mayoría del concejo de esa ciudad no lo apoyó hace unos días, lo que incluso llevó al edil a dar un giro y proponer que en realidad el gobierno central debería nacionalizarla.

Según los datos del denominado Proyecto de Acuerdo 103, la matriz de Tigo prácticamente no ha entregado utilidades en los últimos años y, dadas las características del negocio, es probable que haya que inyectar recursos próximamente, por ejemplo para el despliegue del 5G.

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Una de las cosas que reclama Quintero es que “los recursos se están perdiendo” y que la “privatización” ha sido un “mal negocio”, porque le dieron a cambio la mitad de las acciones de Tigo y “dijeron que serían rentables”, pero esto no ha sucedido.

Según los registros financieros de la empresa, desde 2014 que tiene pérdidas -a excepción de un año, pero fueron muy bajas-, por lo que no ha entregado dividendos.

A diciembre de 2021, considerando sus distintos segmentos de negocio, que incluye telefonía móvil y servicios fijos como televisión y banda ancha, UNE tiene del orden de 19 millones de usuarios.

La firma creció 8,5% en su negocio en Colombia al segundo trimestre de 2022, según una presentación de Tigo, mientras que el negocio global de la compañía -considerando otros mercados de Latinoamérica y Estados Unidos- vio expandir en 40% su Ebitda.

Al cierre del año pasado tenía 1,9 millones de usuarios en banda ancha, algo que ha ido reforzando, especialmente por acuerdos mayoristas que logró en el despliegue de fibra óptica en Bogotá con las firmas ETB y Ufinet, lo que le permitió pasar de una cobertura de la ciudad de 37% a 79%.

El negocio en Colombia representa el 25% de los ingresos de Tigo.

De acuerdo con su CEO, Tim Pennington, durante el segundo trimestre de 2022 “continuamos con la ejecución de nuestro plan de inversiones 2021, que incluyó la expansión de nuestra red móvil en Colombia”, lo cual ha permitido a Tigo ocupar el tercer puesto del servicio móvil en el país y el segundo en TV paga, luego de Claro y Movistar.

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Lo que viene

En el último proyecto de acuerdo, el concejo introdujo varias restricciones a lo que se haría con los recursos de la venta, asegurando que -por ejemplo- no habría transferencias al municipio, sino que sería un activo de propiedad de EPM, firma que tiene otros negocios relevantes en saneamiento y electricidad. Aunque esto buscaba lograr el apoyo del cuerpo colegiado, los resultados muestran que no fue suficiente.

Ante esto, Quintero cambió de estrategia y solicitó al gobierno que se manifieste e inicie la nacionalización de la compañía.

Al respecto, el abogado y director de MQA, Diego Márquez, explicó que el Concejo funciona como junta directiva y “a Quintero, la junta, no le dio autorización. La última alternativa es convencerla, pero no es tan fácil”.

Al mismo tiempo, señaló que el Concejo no puede solicitar la nacionalización de la firma, por lo mismo prefiere desinvertir “ya que, por lo que dice, UNE ya no es un activo estratégico y el perfil de riesgo de EPM ha cambiado”.

Los pasos son buscar que el Gobierno Nacional “le meta plata a Tigo y la nacionalice, pero para eso hay que hacer estudios y evaluaciones, ver de dónde saldrán los recursos”, explicó el experto, añadiendo que si bien el Gobierno podría decirle que le parece una buena idea, “pero el conflicto es de dónde saldrán los recursos, cuáles son los beneficios económicos que se esperan en el tiempo, por ende, no veo tan cómoda y tan fácil la posibilidad de nacionalizar a Tigo UNE”.

Mientras Quinteros espera que Petro atienda a su llamado, “lo único que puede hacer es generar ruidos para que a través de política -no de números- se pueda mover la opinión y ver si logra persuadir al Gobierno de hacer los estudios de pertinencia”.

Pese a que existe esta alternativa, Márquez es enfático al señalar que “va a ser muy difícil hacer lo que busca Quintero”.

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