Tras aprobación de la reforma laboral de Milei, expertos ven mayor previsibilidad pero advierten nuevos focos de conflicto

Con 41 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, a fines de febrero el Senado argentino aprobó la “Ley de Modernización Laboral”, dando una nueva victoria al Presidente Javier Milei. 

El Gobierno impulsó el proyecto durante las sesiones extraordinarias de verano y logró su sanción gracias a las nuevas mayorías derivadas del triunfo en las elecciones legislativas de octubre del año pasado.

La iniciativa, compuesta por 218 artículos, busca fomentar la inversión y el empleo formal mediante la flexibilización de normas laborales.

En esa línea, introduce cambios a la Ley 20.744 o Ley de Contrato de Trabajo, el principal marco que regula el mercado laboral argentino desde 1974.

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Los grandes cambios

Una de las principales modificaciones se refiere a la jornada laboral. La reforma permite reorganizarla mediante esquemas flexibles como los llamados “bancos de horas”, donde la jornada diaria puede extenderse hasta 12 horas, siempre que exista un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas y que el promedio respete los límites legales.

En este sistema, las horas trabajadas por sobre la jornada habitual pueden acumularse y compensarse posteriormente con descansos o ajustes dentro de la jornada promedio acordada entre empleador y trabajador.

Sobre las vacaciones, la ley mantiene que el descanso anual debe otorgarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril, pero permite que, mediante acuerdo entre las partes, pueda tomarse fuera de ese período. También autoriza fraccionar el descanso, siempre que cada tramo no sea inferior a siete días.

Entre los cambios más debatidos se encuentran las indemnizaciones por despido. La norma mantiene el criterio tradicional, un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses. 

Sin embargo, la reforma precisa qué conceptos integran esa base de cálculo y excluye pagos no mensuales como aguinaldo, vacaciones o premios extraordinarios, lo que podría reducir el monto final de la indemnización.

Además, establece un tope máximo equivalente a tres veces el salario promedio fijado en el convenio colectivo aplicable.

El nuevo marco también permite a las empresas implementar un fondo o sistema de cese laboral para financiar indemnizaciones o compensaciones por desvinculación, financiado mediante aportes mensuales de las compañías, con contribuciones cercanas al 1% de las remuneraciones en el caso de grandes empresas y de hasta 2,5% en PYME.

La ley además fija límites a aportes sindicales y patronales en convenios colectivos, introduce cambios en estos acuerdos al dar mayor relevancia a pactos por empresa o región y establece condiciones para el derecho a huelga en servicios esenciales, donde deberá garantizarse al menos el 75% de la dotación.

Junto con ello, crea un programa de promoción del empleo registrado y un blanqueo laboral que permitirá condonar hasta el 70% de deudas por aportes para empleadores que regularicen trabajadores no registrados, además de incentivos a la formalización mediante reducciones en contribuciones patronales. 

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La mirada de expertos

Si bien la aprobación de la reforma significó un nuevo triunfo para el Gobierno de Milei, su discusión no estuvo exenta de críticas por parte de la oposición y de organizaciones sindicales, que sostuvieron que la nueva ley podría debilitar derechos laborales y favorecer a las empresas.

Más allá de sus detractores, expertos aseguraron que la norma no transforma por completo el sistema laboral argentino, sino que busca aclarar puntos que han estado en discusión durante años. 

De acuerdo con Esteban Carcavallo, socio a cargo del departamento de Derecho Laboral en Bomchil, la ley apunta a ajustar situaciones “que, a lo largo de los años, han complejizado la dinámica de las relaciones laborales y judicializado los conflictos dentro de las organizaciones”.

En esa línea, Héctor Massa, socio del despacho Massa Núñez Abogados, coincidió en que la reforma busca “desincentivar la industria del juicio para promover el empleo formal”, en un contexto donde la tasa de informalidad laboral ronda entre el 45% y el 50%.

Si bien la mirada general es positiva, especialistas advirtieron que el debate con los sindicatos continuará y que varios de los cambios podrían derivar en disputas judiciales, lo que eventualmente podría traducirse en nuevas modificaciones a la ley.

Según Carcavallo, esto ocurre porque la norma “deja de lado muchos criterios que han dictado los tribunales a lo largo de los años”.

“Esto no solamente va en contra de criterios judiciales que se fueron dictando en los últimos 25 años, sino también de opiniones doctrinarias sobre lo que debe ser el derecho de huelga y cómo debe reglamentarse”, agregó.

Para Gastón Ferretti, abogado experto en derecho laboral y socio de Ferretti Abogados, la iniciativa da mayor previsibilidad, pero aún faltaría por definir temas impositivos, además de tratar otros “que tienen que ver con impuesto a las ganancias y contribuciones patronales”.