Ex presidenta de organismo de libre competencia en México revela detalles desconocidos de su gestión y tensiones con el gobierno

“¿Cuánto golpeteo político aguanta una agencia de competencia?”. En 2019 esta era una de las reflexiones que surgió en la economista mexicana Alejandra Palacios Prieto.  En septiembre de ese año, estaba participando en un foro en Washington, en calidad de presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económia (Cofece) de su país, organismo encargado de supervisar el funcionamiento de los mercados en libre comptencia.

Junto a pares de la región, Palacios se acercó a otro de los expositores del panel y le dijo: “Qué vergüenza que mientras en las agencias de competencia de otras latitudes se habla sobre los riesgos a los mercados que implican las grandes empresas tecnológicas, en el panel de las agencias latinoamericanas estemos hablando de nuestros pesares”.

Palacios asumió en 2013 en el recientemente creado organismo de libre competencia mexicano y se mantuvo en esa posición hasta septiembre de 2021, cuando terminó su segundo período. En un documento elaborado para el Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, la economista reveló detalles de su paso por esa institución, las llamadas de agentes económicos –públicos y privados- que recibió y los desafíos que tiene este sistema en su país.

Los “pesares” que aludía Palacios eran varios. Una ley de austeridad impulsada por el gobierno ponía en riesgo la retención de profesionales con alto grado de especialización, y además  se discutía la posibilidad de prohibir a los servidores públicos de alto nivel de gobierno trabajar durante los siguientes 10 años de concluido su cargo, en empresas que regularon o que tuvieron acceso a información privilegiada.

Embates y AMLO

Esto fue parte de los constantes “embates” que a juicio de la entonces presidenta del Cofece se daban respecto de la necesidad de existencia de esta instancia, lo que se traducía en cosas como que una vez, el 8 de marzo de 2021, el presidente Manuel López Obrador dijo que el Cofece “es un cero a la izquierda, o sea, están de florero, nada más de adorno y podría decir más cosas, pero me auto limito”.

“El actual Gobierno Federal mexicano (2018-2024) es adverso a la existencia misma de los órganos autónomos, y de la Cofece en lo particular, especialmente en la obligación legal de salvaguardar la competencia económica en el sector energético aun cuando así lo señale expresamente la Constitución Federal”, reflexiona Palacios.

Pese a esto, de acuerdo a la reforma que dio vida al organismo, el Cofece tiene un blindaje institucional muy particular, con el máximo de autonomía posible bajo las leyes de ese país, que incluye temas presupuestarios, operativos, de gestión y técnicos, que solo podrían revertirse con reformas constitucionales.

“Esta autonomía le ha permitido operar y emitir sus resoluciones basadas en consideraciones meramente técnicas al margen de los intereses tanto de los grupos económicos como de la clase política que controla el gobierno en turno”, dice Palacios.

Según relata en el documento, una de sus conclusiones de su paso por esta institución es que “cuando el gobierno considera que la política de competencia es importante, la agencia tiene la enorme oportunidad de trabajar en su fortalecimiento; en el caso contrario (mis últimos tres años en la Comisión), mucho del esfuerzo se va en defender a la institución, y se pierde tiempo valioso en continuar el trabajo a favor de los mercados y los consumidores”.

Lucha por la autonomía

Al ser un organismo nuevo, la expresidenta relata todo el proceso que se hizo –junto a otros comisionados, ya que era un cuerpo colegiado- en darle vida. Un tema central fue ejercer y mantener la autonomía del Cofece.

Aplicar la ley genera animadversión, dice, por lo que “se tiene que asumir que actores con amplio poder político y económico se enojarán con uno (…) y te lo hacen saber”.

“En los inicios de la Cofece no era extraño que los agentes económicos nos pidieran posponer el anuncio de una decisión de la Comisión, hasta que algo pasara en los procesos internos de las empresas involucradas para que estas no perdieran valor en la Bolsa Mexicana de Valores, o en tanto se cerraba una transacción”, reveló, lo que fue abordado a través de un protocolo claro y conocido con cómo y cuándo se comunican los procesos, lo que se complementó con la generación de toda la normativa que acompañó temas tan distintos como gestión.

No fue un inicio fácil, en especial por la demora que tienen los procesos de libre competencia en mostrar resultados. En esa época también se había creado el Instituto Federeal de Telecomunicaciones, que tiene competencia sectorial y que rápidamente anunció la prohibición de cobrar larga distancia nacional, bajando el precio de los servicios de telefonía móvil.

Una vez –relata Palacios- el entonces presidente Enrique Peña Nieto le preguntó cuándo se podría “presumir” de los resultados del Cofece, básicamente a través de algún anuncio de bajas sensibles en precios de productos de consumo masivo.

“Nosotros no caímos en la tentación de hacer anuncios espectaculares pero efímeros, más bien nos dedicamos a trabajar en lo necesario para edificar una institución sólida, en la lógica de que los éxitos llegarían por añadidura y de manera sostenible”, reflexionó Palacios.

Mercados digitales y sanciones más duras

A la par con todo ese recuento, Palacios delinió los retos futuros de la libre competencia en México. Junto con ver cómo retener al personal experto, dijo que en materia de mercados digitales hay desafíos relevantes para la agenda de trabajo.

“Más allá de posibles investigaciones por abuso de poder de alguna o algunas empresas dominantes (las “Big Tech”) y los análisis que lleguen de concentraciones, la Comisión debe propiciar y ser parte activa de una discusión nacional más amplia (que urge se dé en nuestro país) respecto a cómo regular mejor a las empresas en el espacio digital. En algunos países ya se han creado grupos intergubernamentales para tal efecto”, explicó.

Además, dijo que ya es momento de empujar algunos ajustes a la legislación sobre esta materia. A juicio de Palacios, hay que endurecer sanciones, y actualizar las multas por conductas anticompetitivas para que reflejen el daño al mercado. A su juicio, se debería instaurar que “nunca se puede imponer una multa por debajo del daño causado al mercado”.

Otro ajuste tiene relación con los antes mencionados mercados digitales, ya que –por ejemplo- en otros mercados se considera abuso de poder el recolectar datos personales para una plataforma y explotarlos en otra, lo que no está catalogado en Méxicomo como conducta monopólica.

Finalmente, dice que también hay que abordar las diferencias que se ven con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, respecto de quién tiene competencia en estos casos, algo que ya ha generado disputas entre ambos organismos en el pasado.