Brasil espera por señales de Lula, mientras los inversionistas se preparan para el fin de la era de los dividendos de Petrobras

Son días de tensa calma en Brasil, al menos en el mundo empresarial. En una campaña que estuvo muy polarizada, a la fecha se sabe poco -o nada-, del programa de gobierno del presidente electo, Luiz Inácio Lula Da Silva.
Analistas y medios locales hacen referencia a los mensajes que durante la campaña lanzó el entonces candidato de izquierda respecto de las ideas que trae para su administración, y el mercado está a la espera de que se conozcan medidas y nombres de quienes lo acompañarán en la gestión, especialmente el de su ministro de Economía.
Los principales bancos de inversión y calificadoras, en tanto, apuntan a conocer los planes que tiene para cambiar las reglas fiscales y las políticas microeconómicas, y si estas vienen con tintes de moderación, como fue interpretado su primer discurso tras la victoria del domingo.
“Lula va a estar bastante limitado para hacer reformas grandes, porque no tiene mayoría (en el Congreso); así que no va a poder hacer lo que quiera y dudo que pueda volver atrás, por ejemplo, en el caso de las privatizaciones”, contó a DFSUD.com Gustavo Segré, analista internacional y socio de Segré & Asociados.
Con él coincidió Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, quien aseguró que “hay cierto grado de optimismo por la composición del Congreso, que conducirá al Presidente a negociar; por lo tanto la expectativa es que cambios radicales al modelo económico o algo que conlleve al deterioro significativo de la economía y de las cuentas fiscales, pareciera no tener una alta probabilidad de ocurrencia”.

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Los ojos sobre la joya de la corona

En el mundo de los negocios, hay consenso de que el comercio minorista, la educación y la construcción serán los más beneficiados con la nueva administración. Pero, en el medio del debate sobre cuál será el impacto de la llegada de Lula está la estatal petrolera Petrobras que, según Segré, en los anteriores gobiernos del Partido de los Trabajadores “funcionó como caja chica”.
El experto estimó que “en esta ocasión eso no serán tan fácil y posible”, mientras que la agencia de calificación Moody’s, aunque advirtió que la compañía sigue siendo “vulnerable a la interferencia política”, reconoció que “ahora hay protecciones más sólidas, en virtud de las nuevas leyes que rigen las empresas estatales, por lo que hay poco riesgo de que Petrobras caiga en otro escándalo de corrupción de la magnitud de Lava Jato”.
Pese a ello, ya se ha dado una corrección de los precios objetivo por parte del mercado y las calificadoras están cambiado sus recomendaciones sobre la empresa más grande de Brasil por ingresos y capitalización.
Ya se habla del retorno de las fuertes asignaciones en refinación, lo que significa el fin de la bonanza de los dividendos. Y es que la empresa fue la mayor pagadora de dividendos corporativos del mundo en el segundo trimestre de 2022, según una investigación del administrador de fondos Janus Henderson.
Precisamente este jueves, la compañía informó el pago de US$ 0,65 por acción preferencial y ordinaria en circulación, y dijo que “en el Plan Estratégico 2022-26 se cumplieron los proyectos de inversión solicitados por las áreas de negocio porque presentaron buena resiliencia y están soportados en la generación de caja operativa y el flujo de inversiones, sin efectos adversos en el apalancamiento”.
Todo ello, entonces, estaría por cambiar. Según explicó Segré, “el mercado ya está asimilando que no va a haber más distribución de dividendos en Petrobras. Además, se especula que este gobierno no va a poder usar la empresa para el manejo de recursos ilícitos como hizo en otro momento, pero si no se determina quién va a ser el que lidere Petrobras, va a seguir viéndose la pérdida del valor de sus acciones”.
El gobierno tiene el 36,61% de la compañía.
En opinión de JP Morgan, los papeles solo saldrán de un escenario volátil cuando haya claridad sobre los planes para la compañía, lo que probablemente tomará al menos los primeros seis meses del nuevo mandato.
BTG agregó en un informe que “si bien confiamos en que muchos errores del pasado no se repetirán (…) los inversionistas no pueden subestimar la capacidad del nuevo gobierno para utilizar a Petrobras como un vehículo para impulsar el crecimiento económico, la inversión, el empleo y la seguridad energética”.
Lo que sí está claro es que la nueva administración ha criticado abiertamente la conducción de la compañía y ha señalado cambios. De hecho, ya suena el nombre de Jean Paul Prates (senador del PT y aliado de Lula) como una de las figuras para asumir con presidente ejecutivo de la firma, a partir del 1 de enero de 2023.
Según consigna el diario Valor Económico, la idea del PT es lograr una transición relativamente suave y, una vez que asuma la nueva directiva, se analizarán las inversiones para seleccionar proyectos rentables que garanticen un retorno.
El manifiesto de Lula exige que la estatal vuelva a ser una "compañía de energía integrada", presente en fertilizantes, energías renovables y biocombustibles, áreas que en un momento decidió abandonar para concentrarse en su actividad principal de bombeo de crudo en aguas profundas.
El político de 76 años también quiere que se trabaje por el autoabastecimiento nacional en derivados refinados, como gasolina y diésel, y que se deje de cobrar precios internacionales por los combustibles que se venden en el país.

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¿Tiempo de reformas?

En otro escenario, pese al balance de las fuerzas políticas en el Poder Legislativo, muchos análisis apuntan a la necesidad de que se apliquen reformas y todos a que será el mayor desafío del Ejecutivo.
Para el diario The Economist, “Brasil necesita un gobierno que haga reformas del siglo 21 y no hay certeza de que Lula conseguirá eso”.
En tanto, Goldman Sachs advirtió que “el panorama fiscal se deteriorará visiblemente en 2023, desde un superávit fiscal pronosticado en 2022”, por lo tanto, Lula tendrá que acomodar importantes presiones de gasto.
“Esperamos que el presidente electo Lula siga una estrategia de impuestos y gastos dada la profunda crisis del sector público y las empresas estatales deberían ser motores clave del crecimiento e inversión. Tal estrategia podría conducir a un mayor crecimiento del consumo en el corto plazo, pero también a alta inflación y mayores déficit fiscales y de cuenta corriente”.
Consultado respecto de la posibilidad de que se impulse una reforma tributaria, tal y como han hecho los nuevos gobiernos de Colombia y Chile por ejemplo, Segré recordó que se ha intentado desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, en 1989, y no se ha logrado. “Es muy difícil saber si se va a hacer y, sobre todo, si se va a probar con las minorías en la Cámara de Diputados y en el Senado. Hasta ahora, se especula que Lula va a defender el superávit fiscal, porque lo hizo en su primer gobierno, pero es otra época también”.