Manifestantes contra minerales críticos: el fiasco minero en Panamá muestra riesgos para la transición verde

Por Christine Murray y Harry Dempsey

A medida que se intensificaron las protestas en Panamá el mes pasado contra una de las minas de cobre más grandes del mundo, incluyendo los llamamientos de la estrella de Hollywood Leonardo DiCaprio y de la activista climática Greta Thunberg, el apoyo de la clase política del país se evaporó rápidamente.

Apenas unas semanas después de que el Congreso renovó el contrato de la mina Cobre Panamá, los bloqueos de calles y las reclamaciones en las redes sociales sobre daños ambientales irreversibles y ventas de tierras a extranjeros convirtieron el proyecto, que suministraba el 1.5 por ciento del cobre mundial, en kriptonita política.

A finales de noviembre, el tribunal anuló la concesión de 20 años para First Quantum Minerals de Canadá, a la vez que el gobierno, que se enfrenta a elecciones en mayo próximo, dijo que cerraría el sitio y los legisladores prohibieron todos los proyectos mineros futuros.

El repentino desmoronamiento del proyecto resalta el desafío de asegurar el suministro de materias primas cruciales para la transición verde en medio de un creciente sentimiento antiminero y llamados a proteger el medio ambiente, así como el costo para los países en desarrollo de cancelar proyectos de extracción lucrativos.

Ahora el gobierno de Panamá enfrenta lo que podría ser uno de los casos de arbitraje más grandes de la historia y tiene que llenar un gran agujero financiero en un momento de crecientes tensiones en el modelo de crecimiento del país centroamericano. La mina contribuyó con el 5% del producto interno bruto (PIB) de Panamá.

Panamá ha reducido drásticamente las tasas de pobreza en las últimas décadas con un modelo abierto a la inversión y favorable a las empresas. Su PIB per cápita es ahora más alto que el de varias naciones de Europa del Este.

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Pero las protestas masivas coincidieron con una sequía histórica que ha limitado el tráfico de mercancías a través del Canal de Panamá, amenazando una valiosa fuente de ingresos. El Congreso aún debe aprobar un presupuesto para el próximo año, mientras que el bono soberano del país con vencimiento en 2036 alcanzó el mes pasado su nivel más bajo en 14 años.

El gobierno del presidente Laurentino Cortizo ahora está luchando por cerrar la mina de una manera ambientalmente responsable y al mismo tiempo limitar el daño a su reputación favorable a los negocios. La industria minera quedó atónita por el rápido ritmo de la campaña en las redes sociales y las protestas y los bloqueos en las calles, que llevaron al país a cerrar su mayor inversión extranjera.

First Quantum adquirió Cobre Panamá en 2013 mediante una adquisición, pero cuatro años después la Corte Suprema invalidó la ley que regía la concesión original. Las conversaciones se estancaron hasta que el Congreso aprobó un nuevo acuerdo en octubre, que estipulaba un ingreso anual mínimo de US$ 375 millones para el país.

Ahora que el tribunal anuló ese acuerdo, Panamá enfrenta demandas de arbitraje de hasta US$ 50 mil millones relacionadas con la mina. "Esta podría ser la demanda de arbitraje más grande de la historia", afirmó Damien Nyer, abogado especializado en litigios internacionales. “Esas cifras serían devastadoras" para la economía de Panamá".

En Panamá, muchos esperan que las dos decisiones separadas de la Corte Suprema contra el proyecto sean suficientes para proteger al gobierno de costosas demandas. Pero Nyer, que no está involucrado en el caso, dijo que los abogados de arbitraje podrían argumentar que el tribunal estaba formado en su mayoría por personas designadas políticamente que actuaron rápidamente bajo presión pública. "Es un caso clásico de expropiación indirecta", dijo. "Tiene todas las características de una reclamación fuerte".

El director ejecutivo de First Quantum, Tristan Pascall, dijo que la mina cubre menos del 4% de la selva tropical talada en el país durante los 25 años anteriores, pero el año pasado generó suficiente cobre para 6 millones de vehículos eléctricos.

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El cobre se utiliza en turbinas eólicas y automóviles eléctricos, así como en líneas de transmisión de energía. A medida que crecieron los llamados para cerrar el sitio, el precio de cobre subió un 6% en las últimas cinco semanas, llevando el valor a US$ 8,550 por tonelada.

Los manifestantes panameños en TikTok e Instagram dijeron que la mina violaba la ley, contaminaba el medio ambiente e infringía la soberanía nacional. "Los canadienses se llevan la mayor parte de las riquezas y dejan a Panamá en la miseria", decía una publicación.

First Quantum ha dicho que hizo todo lo posible para mitigar el impacto ambiental y cumplió con las leyes basándose en el asesoramiento y las instrucciones del Gobierno.

Las consecuencias del cierre de Cobre Panamá aún se están manifestando y es probable que unas 7.000 personas pierdan sus empleos. Su deuda soberana se cotiza a niveles que sugieren que el mercado espera rebajas de su calificación de grado de inversión triple B.

“Es condescendiente que las empresas mineras justifiquen sus desarrollos a través del empleo, el PIB y los impuestos", dijo un exejecutivo de Cobre Panamá. “Las comunidades deberían mirar y decir 'nosotros somos dueños de esto, y esto somos nosotros'".