Insurrección en Brasil plantea dudas sobre lealtad de fuerzas de seguridad al gobierno de Lula

Michael Stott

El asalto al Palacio Presidencial, al Congreso, y al Supremo Tribunal Federal de Brasil por varios miles de partidarios del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro el domingo por la tarde fue dramático e impactante. Pero como intento de golpe de Estado, se esfumó muy rápidamente.

Los extremistas invadieron los principales edificios gubernamentales del país con sorprendente facilidad, lo cual sugiere la posible connivencia de algunas de las fuerzas de seguridad encargadas de custodiar el complejo modernista en el corazón de la capital, Brasilia. Pero una vez que ocuparon las sedes de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, los manifestantes no articularon ningún plan más allá de romper ventanas y muebles, dañar obras de arte, y filmarse entre sí.

En pocas horas, las fuerzas de seguridad habían desalojado los edificios — los cuales estaban vacíos para el momento del ataque—, habían restablecido el orden, y habían realizado varios centenares de detenciones. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se encontraba de visita en el estado de São Paulo, rápidamente condenó a los alborotadores y ordenó a las autoridades federales que se hicieran cargo de la seguridad en la capital. El Supremo Tribunal suspendió al gobernador de Brasilia por no haber impedido la incursión.

Los principales medios de comunicación de Brasil se unieron para condenar lo que calificaron de "actos terroristas" de la extrema derecha y exigir castigo para los implicados. Ningún líder político de importancia ha respaldado las acciones o demandas de la turba. Incluso Bolsonaro, quien anteriormente había alimentado los delirios de sus partidarios de extrema derecha con ataques a la integridad del sistema electoral de Brasil, dijo en Twitter que las "depredaciones e invasiones de edificios públicos... se habían pasado de la raya".

Esto fue un despliegue de intenso drama con un matiz de absurdidad: el ataque más grave a la democracia brasileña desde el final del régimen militar en 1985 por parte de manifestantes que no tenían un líder visible sobre el terreno y que no implementaron un plan claro. Ellos parecían tener la esperanza de que el ejército respondiera a su insurrección derrocando al gobierno electo y trayendo de vuelta a Bolsonaro.

Amenazas a la seguridad

Sin embargo, cuando las fuerzas de seguridad entraron en el área gubernamental de Brasilia, no lo hicieron para unirse a los manifestantes, sino para desalojarlos. Independientemente de las simpatías que algunos soldados o policías puedan albergar por la agenda de los manifestantes de extrema derecha —y algunos claramente las tienen—, el liderazgo de las fuerzas de seguridad de Brasil se ha mantenido hasta ahora sólidamente detrás de la democracia.

"Mi mayor preocupación durante los próximos días es qué ocurrirá con las fuerzas de seguridad y con su capacidad para garantizar la seguridad en todo el país", comentó Monica de Bolle, una experta en Brasil del Instituto Peterson para la Economía Internacional (PIIE, sigla en inglés) de Washington. "¿Hasta qué punto serán capaces las autoridades de todo el país de contener actos como éste y este tipo de terrorismo doméstico?", ella agregó.

Los acontecimientos no surgieron inesperadamente. Desde que Lula logró una estrecha victoria sobre Bolsonaro en una segunda ronda a finales de octubre del año pasado, grupos de manifestantes de extrema derecha han estado acampando frente a cuarteles del ejército en diferentes partes del país exigiendo que los militares depongan a Lula. Las tropas no se han unido a estas protestas, pero tampoco las han desalojado.

Antes del domingo, pocos habían tomado en serio estas protestas; no lograron impedir la toma de posesión de Lula el 1 de enero, la cual transcurrió pacíficamente en un ambiente de carnaval. Ahora, el Supremo Tribunal ha ordenado la retirada de los campamentos de protesta de extrema derecha en un plazo de 24 horas.

Bolsonaro debe asumir una seria responsabilidad por las repugnantes escenas en Brasilia. Su falta de una clara aceptación de su derrota electoral; su resentida negativa a hacer acto de presencia durante la toma de posesión para entregar el poder; y su renuencia a ordenar el cese de las continuas protestas, todas han contribuido a esta escuálida debacle. La última vez que se le vio en público fue en Florida, a una conveniente distancia desde la que observar el desarrollo del drama.

Escándalos de corrupción

La fallida insurrección pone de relieve las dificultades a las que se enfrenta Lula al iniciar un tercer mandato presidencial en circunstancias económicas y políticas mucho menos favorables que las de sus anteriores administraciones de 2003 a 2010. Aunque la mayoría de los brasileños firmemente apoyan al gobierno elegido democráticamente, una sustancial minoría nunca ha perdonado al líder izquierdista por la corrupción que floreció durante el gobierno de su Partido de los Trabajadores (PT) o por la profunda recesión desencadenada por la mala gestión de su sucesora Dilma Rousseff.

El presidente de 77 años ahora tiene que preocuparse por las insurrecciones de la extrema derecha además de una economía en desaceleración, por crecientes niveles de pobreza, y por una sociedad extremadamente polarizada.

"Ésta será una enorme distracción para el gobierno de Lula durante las próximas semanas y meses", señaló Oliver Stuenkel, un profesor de la Fundación Getulio Vargas en São Paulo. "Los retos a los que se enfrenta Lula son enormemente complejos, involucrando no sólo a la economía, sino también a una sociedad profundamente dividida con elementos radicales, posiblemente involucrando a partes de la clase dirigente de las fuerzas de seguridad".