Confirman condena a Cristina Fernández a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos

La exPresidenta de Argentina y líder del peronismo opositor, Cristina Fernández, fue condenada este miércoles a seis años de prisión por fraude al Estado por un tribunal superior del país, que también la inhabilita perpetuamente para ocupar cargos públicos.  

La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal podría ser apelada por Fernández, dos veces presidenta entre 2007 y 2015, y vicepresidenta de 2019 a 2023, en un caso conocido como "Vialidad" en el que se la acusa de favorecer a Lázaro Báez, un empresario amigo, al otorgar obras públicas.

Una multitud de militantes rodeó el tribunal para protestar contra un fallo que la exmandataria consideró que tiene intencionalidad política. "El verdadero objetivo es proscribirme de por vida", señaló en un texto en la red X.

En un fallo de 1.541 páginas, la sala también confirmó las condenas de Báez (seis años); al exsecretario de Obras Públicas, José López (seis años); el extitular de Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti (seis años); Juan Carlos Villafañe (cinco años); Raúl Gilberto Pavesi (cuatro años y seis meses); José Raúl Santibañez (cuatro años); Mauricio Collareda (cuatro años) y Raúl Osvaldo Daruich (tres años y seis meses). 

Además confirmó las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido y del ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala. 

Todas las partes tienen 10 días hábiles para apelar y que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que sería la última instancia. La condena solo se comenzará a cumplir cuando el fallo sea definitivo, por lo que Fernández de Kirchner no será detenida por el momento. 

La exmandataria al tener más de 70 años, podría solicitar cumplir su condena en domicilio si la Corte Suprema decide en su contra; pero también, la sentencia frena sus aspiraciones de presentarse como candidata a las elecciones parlamentarias previstas para el próximo año. 

La sentencia

El monto presuntamente sustraído del Estado asciende a casi 85 mil millones de pesos argentinos, según el fallo. Los hechos que se imputan corresponden a la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz. 

Aquellos procesos fueron adjudicados a un grupo de empresas vinculadas al también imputado, Lázaro Antonio Báez -quien se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario-, cuyo crecimiento económico se vio asociado con dichas asignaciones. De acuerdo a los jueces, el empresario se incorporó al rubro de la construcción "sin ninguna experiencia" y las licitaciones se dieron con "numerosas irregularidades". 

“Llevaron a cabo una maniobra fraudulenta que perjudicó de manera trascendente a las cuentas del Estado nacional, pues se desvió el dinero público en favor del empresario Lázaro Antonio Báez a partir de la asignación de obra pública vial a sus empresas”, sostuvieron los jueces en su resolución.