Lula apuesta por autopista amazónica que podría aumentar significativamente la deforestación

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras meses de vacilaciones, ha comprometido a su Gobierno a completar una carretera que atraviesa una zona virgen de la selva amazónica, la cual según los científicos, provocará una desastrosa deforestación.

Lula se encuentra bajo presión para completar la pavimentación de la carretera BR-319 como alternativa para el transporte ahora que la Amazonia se enfrenta a una sequía récord que ha reducido los niveles de agua de los ríos y ha dificultado la navegación en las principales vías fluviales que unen el norte de Brasil, como el río Madeira.

"Mientras el río Madeira era navegable, la carretera no tenía la importancia que tiene ahora. Vamos a terminarla con la mayor responsabilidad", aseguró el mandatario el martes.

La pavimentación de la BR-319 es una rara posición política que Lula tiene en común con su antecesor de extrema derecha, el expresidente Jair Bolsonaro, durante cuyo Gobierno se registró un alza de la deforestación y también defendió la autopista.

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La carretera federal BR-319, de unos 900 kilómetros de extensión desde Porto Velho, cerca de Bolivia, hasta Manaos, la ciudad más grande de la Amazonia, fue excavada por primera vez en la selva en la década de 1970 por la dictadura militar de Brasil, pero luego se abandonó y la selva invadió su mayor parte.

Se han pavimentado tramos en ambos extremos, pero más de 400 kilómetros en el centro siguen siendo de tierra que se convierte en barro intransitable en la estación lluviosa.

Científicos y activistas medioambientales afirman que la carretera abrirá el acceso a madereros y mineros ilegales, y a agricultores que talan el bosque prendiendo fuego para abrir la tierra a la ganadería.

Un estudio calcula que el proyecto quintuplicará la deforestación de aquí a 2030, lo que equivaldría a una superficie mayor que la de Uruguay.

La ministra de Medio Ambiente del Gobierno de Lula, Marina Silva, se opuso a la autopista por considerarla inviable desde el punto de vista económico y medioambiental, pero en junio un grupo de trabajo del Ministerio de Transportes la contradijo, concluyendo que era viable, y su opinión ha perdido peso en el Gobierno.