Impuesto a los ricos resurge en México: coalición de gobierno busca instalar debate

La idea de gravar a los altos patrimonios a fin de conferir mayor progresividad a los sistemas impositivos es parte de un planteamiento que recurrentemente se posiciona en el centro del debate de las economías de la región. 

En América Latina, Colombia, Uruguay y Argentina son los tres países que gravan a la riqueza. Aunque con sus particularidades, lo que buscan, es hacerse de recursos de quienes poseen ingresos más altos para luego redistribuirlos. Esto, por cierto, nada tiene que ver con el impuesto a la renta, que es un mecanismo recaudatorio al que está afecta la población en edad de trabajar. 

En Chile, hace poco menos de tres años, la idea de captar recursos a través de los altos patrimonios estuvo puesta en el debate. Con la llegada de la administración de Gabriel Boric al poder el tema se reavivó, pero ahora, y tras la serie de fracasos legislativos y políticos, su avance no ha sido mayor. 

A la seguidilla de países se suma México. En los últimos años, diversos actores locales han querido instalar en la arena legislativa un nuevo impuesto a los ricos, una idea que no ha progresado en ocasiones anteriores y con la que se ha vuelto a insistir. 

Este martes, un grupo de diputados del Partido Morena -colectividad en la que milita el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)- presentó un proyecto de ley que apunta a este fin, a través de la modificación del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Lo anterior -se lee en el escrito liderado por el diputado Manuel Vásquez-, con el fin de  incorporar “materia de progresividad tributaria”. 

Es importante señalar que la disposición original establece que “es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.

La propuesta parlamentaria lo que planea es incorporar una sola palabra: “progresiva”. Se deja a la interpretación su alcance en el aire y no se explica en un informe financiero adicional el detalle de una medida de este tipo. 

Por el contrario, el documento de 16 páginas se centra en argumentar el porqué la nación requiere de una redistribución de la riqueza. Parte del hecho de que “el 43,9% de la población mexicana vive en situación de pobreza multidimensional y que, en contraste, esa economía alberga al noveno hombre más rico del mundo: Carlos Slim”, es que la iniciativa despliega sus argumentos. 

Más adelante se hace una crítica a la distribución de los recursos del país y se señala que las 13 familias más adineradas de la nación alcanzan los 3.400 millones de pesos mexicanos (US$ 193 millones), lo que equivale a poco más de 11% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Además, se cuestiona la capacidad recaudatoria de México comparándola desfavorablemente frente a las economías de la OCDE, e incluso con sus pares latinoamericanos. Así, mientras la nación norteamericana está en un 17% como porcentaje del PIB, Brasil (33%); Uruguay y Argentina (ambos con 29%) lo superan ampliamente. 

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La lectura a la propuesta

Para los analistas consultados por DFSUD.com, esta iniciativa responde a elementos políticos más que técnicos. Además, se cree que su viabilidad es acotada considerando lo sucedido en el pasado con apuestas similares y también la distribución de las fuerzas partidistas en la Cámara de Diputados, por donde ingresó esta propuesta. 

Desde el Partido Acción Nacional (PAN) -la fuerza opositora del país-, la diputada Patricia Terrazas señaló que la iniciativa parece más enfocada en un discurso partidista que en un cambio real, “ya que desde que entró el Presidente, la pobreza ha crecido y hay otros problemas sociales más importantes”.

“Más que todo es tener un discurso para seguir entreteniendo a la gente, pero no veo ningún progreso a esta iniciativa de reforma”, añadió la parlamentaria.

Una lectura similar hace el vocero de los senadores del PAN, Sergio Ramírez, pues, a su juicio, este proyecto, lo que busca es distraer la atención de otros temas, pero en este caso,  que salpican al Presidente. Esto último, en referencia al escándalo de corrupción en el que se vincula a uno de sus hijos y su círculo de amigos más cercano. 

“Si tú ves los últimos cuatro años, desde que entró AMLO, cada vez que hay un escándalo salen con propuestas como esta legislativa, y así desvían la atención. Ya han buscado bajar las tasas de interés, las comisiones o cualquier cosa que llame la atención y sea discursivamente interesante”, añadió. 

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Viabilidad política

Ramírez dijo que el ánimo parlamentario no estaría disponible para darle viabilidad a la iniciativa, algo que Terraza explicó en detalle a este medio.

Según la configuración de las fuerzas políticas en la Cámara, tanto Morena como sus aliados oficialistas no alcanzan el quórum requerido que, para efectos de la dinámica legislativa, en ese país está fijado en 2/3.

“Les tocará entrar a negociar”, dijo la diputada de la facción contraria, junto con asegurar que “en este momento ya muy cercana la elección (presidencial), cada vez le veo mucho menos posibilidades”. 

Una visión intermedia, en tanto, fue la que entregó el académico de la Universidad Panamericana, Francisco Ortiz, quien ve el futuro de esta iniciativa en las manos del propio Presidente.

Mencionó que la eventual decisión que tome AMLO deberá sopesar una posible respuesta de parte de algunas de las personas que pudieran verse afectadas por esta iniciativa. “La fuga de grandes capitales seguramente impactaría la estabilidad cambiaria que el país vive y eso no ayudaría a la imagen del gobierno desde el punto de vista económico. Sin embargo, tendría un gran impacto político y propagandista de cara a las elecciones presidenciales del próximo año”, dijo.

Una alternativa que pone Ortiz sobre la mesa para viabilizar su avance es que se negocie que el pago del impuesto sea por una única vez -como se planteó en Argentina- y no de manera recurrente anual.