Seis años de prisión e inhabilitación perpetua: la condena a Cristina Fernández

Se sacude el mapa político de Argentina. La justicia de ese país halló culpable a la vicepresidenta Cristina Fernández y la condenó a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua por corrupción, en la causa Vialidad.
El cargo en su contra es “administración fraudulenta” en el otorgamiento de obras públicas durante sus dos mandatos -entre 2007 y 2015-, hecho por el cual también se condenó a los mismos seis años de cárcel al empresario de la construcción Lázaro Báez y otros siete funcionarios más.

Julio de Vido, exministro de Planificación de entonces fue sorpresivamente absuelto.
Con una condena firme -que en un inicio pudo haber sido por 12 años en total- la actual vicepresidenta habría decidido no postularse a las presidenciales de 2023.
“Nunca voy a ser mascota del poder, así me den 20 años y me condenen (...) Me condenan por que condenan al peronismo, a un modelo de desarrollo económico (...) No voy a ser candidata; es más una buena noticia para ustedes”, dijo después de conocer su sentencia.

El fallo no supone que entre inmediatamente a la cárcel, ya que primero debe ser ratificado por la Cámara de Casación y la Corte Suprema.

Por el momento, la peronista goza de inmunidad y solo puede ser revocada por un juicio político, con dos tercios de los votos de la Cámara de Diputados. Además, la sentencia quedaría en suspenso, posiblemente por años, con el proceso de apelación que Fernández anunció este martes.

La respuesta de Fernández

“La condena estaba escrita; la idea era condenarme”, dijo la vicepresidenta tras conocer la decisión.

Se defendió de los señalamientos asegurando que ni “la vicepresidenta ni el Presidente tienen la capacidad de administrar y ejecutar el presupuesto de la nación; eso es responsabilidad del jefe de Gabinete, y con esto no quiero decir que esté involucrado”, sino que es a quien le corresponde las decisiones y en este juicio no se pudo probar nada en su contra.

“Esta condena no es por las leyes de la Constitución (...) Es un Estado paralelo y de mafia judicial, y la confirmación de un sistema paraestatal que está por fuera de los resultados electorales”, señaló.

El caso en su contra

El fiscal del caso, Diego Luciani, consideró que Fernández cometió los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita agravada al mantener durante su administración un mecanismo de corrupción por el que se le entregaban contratos de obras públicas a un empresario cercano, quien después devolvía el dinero a los Kirchner.

Según Luciani, la estructura la montó el entonces Presidente Néstor Kirchner, quien falleció en 2010 tras gobernar el país entre 2003 y 2007.

En la causa se juzgaron presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz de 2003 a 2015.

“Néstor Kirchner, y luego su esposa, instalaron y mantuvieron en la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, dijo Luciani.

El fiscal dio por probado que las licitaciones fueron amañadas, que las empresas no tenían capacidad para hacerlas, que la mayoría no las terminó y que a pesar de eso fue el único empresario que cobró la totalidad.
Fernández tendría inmunidad hasta el 10 de diciembre 2023 cuando culmina su mandato. Si es llevada a juicio político y acusada por mayoría en el Congreso, sería desaforada. En ese caso, tiene la opción de prisión domiciliaria pues cumplirá 70 años en febrero.