Perú aún en el podio de países más demandados ante el Ciadi

A pocos días de terminar 2023, existen 22 casos de arbitrajes pendientes contra Perú en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ante los reclamos de empresas internacionales por controversias o supuestos incumplimientos del Estado en contratos firmados.

Este año se sumaron dos demandas, entre ellas la presentada por la empresa Azteca en agosto, invocando una vulneración del contrato de concesión para la operación y mantenimiento de la red dorsal nacional de fibra óptica. Solo este caso pone en juego unos US$ 180 millones.

Otra demanda que se presentó durante el año corresponde a la empresa de saneamiento Operadora Ecológica del Titicaca, que en abril reportó ante el organismo internacional un incumplimiento del contrato del proyecto “Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca”.

Pese a que durante este año concluyeron tres disputas que estaban pendientes de años anteriores, nuevamente Perú se mantiene entre los países más demandados ante el Ciadi en el mundo.

“Hace 10 años teníamos más o menos como 15 arbitrajes en curso en el Ciadi y ahora se han triplicado  (entre las pendientes y concluidas)”, señala el exministro de Economía y director de Videnza Instituto, Luis Miguel Castilla.

Perú es uno de los países más demandados ante el Ciadi, pero también de los que más gana los casos

¿Por qué se da este escenario?

El especialista en arbitraje internacional, Ricardo Ampuero, explica que Perú ha sumado varias demandas ante el Ciadi principalmente debido a una cláusula que incluye el Estado peruano en sus contratos de Asociaciones Público-Privadas (APP).

“Perú es el único país en el mundo que incluye una cláusula Ciadi en casi todos sus contratos de inversión y eso tiene varias consecuencias: hay un incremento en el número de casos en contratos de concesión. Es normal que en ese tipo de proyectos haya controversias, la diferencia es que mientras Perú manda esas controversias al Ciadi, otros países que tienen esos mismos problemas, los solucionan en otros centros dedicados casi exclusivamente a resolver a controversias contractuales entre privados”, sostiene.

Ampuero recuerda que esta política viene de los años '90. “Se comienza una política para insertar al Perú al mercado internacional, comienzan a firmarse acuerdos de integración comercial, se suscriben TLC y tratados de inversión y como parte de las políticas para atraer inversión extranjera se dijo que había que darle garantías al inversionista extranjero de que el Perú era un país confiable. Como parte de eso se comenzaron a incluir cláusulas Ciadi, lo cual no estuvo mal porque dio resultado”, precisa.

Sin embargo, el experto señala que conforme Perú ha crecido, ha debido comenzar a ser más selectivo con el tipo de cláusula de solución de controversia que utiliza, pues el país ya tiene cerca de 30 tratados de protección de inversiones; es probable que los inversionistas que llegan ya estén protegidos por un tratado.

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Esto coincide con lo mencionado en el último Marco Macroeconómico Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 2024-2027, donde se indica que a la fecha solo cinco de los 24 casos que han sido cerrados han tenido resultados desfavorables para el Estado peruano, con montos que no han resultado significativos y que “no han afectado de forma sustantiva las cuentas fiscales”.

El MEF, con datos al cierre de 2022, indica que se ha calculado una exposición máxima del sector público no financiero a contingencias fiscales explícitas equivalentes a 9,92% del PIB, siendo una de las fuentes de riesgos fiscales de estas contingencias las controversias internacionales en temas de inversión (2,15% del PIB).

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